Y Aguirre ordenó parar · Madrid · Urbanismo


Plaza de Segovia, en el municipio de Navalcarnero, donde se han autorizado más recalificaciones de terreno de las previstas.- ANDRÉS CAMPOS
Plaza de Segovia, en el municipio de Navalcarnero, donde se han autorizado más recalificaciones de terreno de las previstas.- ANDRÉS CAMPOS

El Gobierno regional ha metido la tijera a siete ambiciosos planes municipales de urbanismo

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

La dimisión de Enrique Porto como director de Urbanismo en 2006, por compatibilizar supuestamente el cargo con actividades privadas, fue la gota que colmó la paciencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. «No es lógico que el Consejo de Gobierno sea el último en enterarse de crecimientos municipales increíbles, como aquellos que pretenden pasar de 1.200 a 40.000 viviendas», comentaba hace dos años en un encuentro con promotores madrileños.

Acudía a ese foro con una ley de medidas urgentes de modernización administrativa para controlar las revisiones urbanísticas de los ayuntamientos, a través del preceptivo y vinculante informe de impacto territorial. De nada sirvieron las innumerables llamadas y visitas de alcaldes y concejales a los despachos de Urbanismo. Todo iba a ser revisado para ajustarse al nuevo marco legal. Desde entonces, sólo siete municipios (Brunete, Ciempozuelos, Móstoles, El Álamo, Alcobendas, Navalcarnero y Meco) han logrado aprobar sus planes generales, con una rebaja considerable en las viviendas previstas. Eso sí, con una rebaja considerable en el número de viviendas previstas inicialmente.

Se encontraban y se encuentran en marcha cerca de 80 planes en otros tantos municipios, casi la mitad de los 179 existentes en la región. Todos se han modificado o revisado. En conjunto preveían recalificar 500 millones de metros cuadrados -el 6,25% del total de la región, casi la misma superficie del municipio de Madrid-, para construir un mínimo de 350.000 viviendas.

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