Entrevista Presidente del Consejo de Arquitectos (España)
Recién llegado al cargo, este arquitecto nacido en Barcelona en 1950 y con despacho en Manresa, aboga por dar un vuelco a la profesión y superar los retos.
Lola Fernández – Madrid – 18/01/2010
Afronta la presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) con mucha «ilusión pero también con esfuerzo». Asegura que la profesión atraviesa en estos momentos una «triple crisis» que, en su opinión, podría calificarse como la peor de su historia. «Mi ventaja es que cuento con un equipo, un proyecto y el apoyo de los arquitectos».
Señala que los arquitectos padecen no sólo una crisis económica, sino profesional e institucional, un panorama nada alentador.
Sin duda. Vivimos la peor crisis de nuestra historia, una triple crisis. Actualmente visamos un 10% de los proyectos de vivienda de hace tres años. A esto hay que sumar la crisis profesional, con el Plan Bolonia y la Ley de Servicios Profesionales, y la crisis institucional, con una hiperregulación compulsiva.
Respecto a la carta que escribió a Zapatero como decano de Cataluña y en la que exponía los problemas de la profesión, ¿recibió respuesta?
Sí, fue una respuesta cortés y amable del jefe de Gabinete.
En esa carta, no disimulaba el malestar de la profesión respecto a los concursos públicos?
Sí, en una situación de crisis, de indigencia económica, hemos denunciado las graves irregularidades que aparecen en los concursos públicos. Vemos adjudicaciones a dedo, jurados sin arquitectos. Nos proponemos impulsar una catarsis no sólo por la vía legislativa. Pretendemos un acceso universal y constitucional. Cuando los arquitectos se presentan a un concurso, millones de euros se van a la cloaca. Creemos que no es constitucional, porque se trata de hacer un trabajo que luego no es remunerado. En otros países se intenta paliar esto con concursos que se acerquen a la media aritmética y no al precio más bajo como ocurre en España, que puede ir en detrimento de la calidad. En definitiva, hay que profesionalizar los concursos públicos con rigor jurídico, con la implicación de abogados y arquitectos.
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